El "caso Molés", mucho más que una polémica

En juego han puesto la libertad de opinar

Si nos alejamos de los dimes y diretes, que con tanta frecuencia son el caldo de cultivo de las poco ventiladas cocinas del taurinismo, para fijarnos en lo fundamental, lo que podría llamarse "caso Molés" --o sea, el veto que pusieron al comentarista determinado/s torero/s para dejarse televisar-- no puede considerarse como un problema que afecta a un profesional, con el que unos tendrán mayor afinidad y otros plantearan disconformidades. El problema va mucho más allá. Aquí lo que se pone en juego, en ese siempre escasamente transparente universo de la información taurina, es el respeto a la libre expresión de las opiniones que cada cual tenga, sin que tal ejercicio ponga en juego otra cosa que su propio crédito ante la opinión pública.

Redacción TAUROLOGÍA

Si los periodistas reaccionan frente a algo que afecta la profesión, se les acusa corporativismo en la peor de las acepciones posibles. Pero si se callan están dando por bueno aquello que en modo alguno puede considerarse como normal. Sin embargo, para qué vamos a engañarnos, en ocasiones el silencio nace de algunos intereses menos honorables. No es cosa de meterse en disquisiciones acerca de cuáles son las razones para la manta de silencio que ha caído sobre la última polémica, entre las que habrá de todo. Pero, como dijo un sabio de estas cosas, “el silencio nunca es rentable”.

Al romper ahora ese silencio, para centrar las cosas conviene anotar que nos situamos al margen de las polémicas en las redes sociales, lo mismo que no entramos en asuntos de orden personal. Cada cuál es muy libre, como dice el refrán, de “hacer de su capa un sayo”. Por eso, todo el mundo es muy libre de seguir o rechazar los criterios de un periodista; es una reacción que forma parte del juego de las libertades civiles y por eso también unos medios tienen unos niveles de difusión diferentes a los de sus competidores. Aquí tratamos de referirnos a algo mucho mas profundo: a un problema de orden profesional, que hoy se ha dado en el ámbito taurino, como en otro momento se produjo en otros sectores.

Y es que en el “caso Molés” se ventila una cuestión que va mucho más allá de unas personas concretas. Hoy le ha ocurrido al cronista valenciano y a la esfera taurina; mañana puede ocurrirle a cualquiera, así se dedique a los ecos de sociedad en un periódico de barrio. Por eso, lo que está en juego es la libertad de los profesionales a la hora de opinar, sin que ello ponga en riesgo otra cosa que su crédito personal ante la opinión pública, que es a lo que se expone quien sale a la palestra a dar sus opiniones. En consecuencia, si ante lo que se intuye incómodo, se mira hacia otro lado, nada bueno se augura en el ámbito profesional: el “caso Molés” no puede silenciarse.

Pero sentado lo anterior, hay que decir con toda claridad que lo ocurrido en Canal+ Toros en la corrida de Morante --en lo que se reincidió al día siguiente con “El Juli” y otros--,  no tiene justificación posible. Naturalmente nadie confirma que hubo veto del torero --probablemente, vía sus administradores--, porque todos quedarían lo que en lenguaje popular se dice como las chatas. Se comprende, por ello, que cuando nos hemos dirigido a los responsables de comunicación del Grupo mediático al que pertenece el canal, hayan respondido con un amable “ahora averiguo lo que pasó y te llamo”; naturalmente, hemos esperado más de 48 horas y la llamada nunca llegó, porque nada hay más difícil que explicar lo inexplicable.

En el fondo, hay silencios más expresivos que las palabras. Pero, con silencio oficial y sin silencio, que un torero imponga que un determinado cronista no trabaje el día que él actúa, además de llamativo resulta inaceptable, se mire como se mire.

Como es obvio, nadie niega el derecho de una empresa editora a decidir libremente quienes forman sus equipos profesionales y cuál es la distribución de las tareas profesionales que en cada momento responde mejor a sus intereses. Pero una cosa es todo lo que representa la libertad de empresa y otra bien distinta actuaciones sobrevenidas por imposiciones externas, cuando además son parte interesada en el asunto y no vienen avaladas precisamente por su empeño a favor del bien general, que es algo que también debe reclamarse con respecto a la Tauromaquia.

Por eso nos llama la atención, las distintas y dispares  reacciones que se dan ahora con respecto a otras ocasiones que resultan bastante similares a las que hoy se producen. Por ejemplo, cuando un dirigente político trata de vetar a un informador. Un mal día se le ocurrió al hoy Presidente del Gobierno hacer una comparecencia pública a través de un circuito cerrado de televisión, por lo que los periodistas no podían repreguntarle; hoy es el día en el que aun se le recuerda y se le acusa de ser “el presidente del plasma”. O lo que pasó cuando, al repartirse el pool de preguntas que resulta usual en las grandes comparecencias públicas, se entendió que los responsables de prensa de Moncloa habían manipulado la elección de los integrantes de este pool. Les cayó el diluvio universal. ¿Por qué cuando un torero veta a un comentarista las reacciones tienen que ser diferentes?  Si aceptamos este juego, por más diferencias que se quieran interponer entre unos casos y otro, estaríamos dando por bueno lo que en realidad resulta inadmisible, ocurra cuando ocurra y con independencia del rango de quien lo protagonice.

Se comprende que el mundo de la televisión es un tanto diferente de los otros medios convencionales. En la pequeña pantalla se entremezclan, en demasiadas ocasiones de forma desafortunada e incluso poco ética, el espectáculo con la información, bajo esa dictadura basada en la premisa falsa de que lo que de verdad interesa al público es la imagen, cuando en la realidad entienden por “imagen” lo que el diccionario define como “escándalo”. Pero por muchas diferencias que se den, si no queremos que este país se convierta en un permanente patio de vecindad, no puede darse como válido que víctima de todo ese maremágnum caiga también la libertad de opinar, que al final es lo que está en juego en este caso. 

En los toros y la televisión se introduce, para complicarlo más, otro elemento sensible: los derechos de imagen, por el que las empresas abonan determinadas cantidades a los toreros para ser autorizadas a televisarles. Sin embargo, salvo que se subviertan las normas mercantiles, este hecho jurídico no encierra derecho alguno a intervenir en el proceso por el cual la empresa adquiriente de los derechos hace uso de ellos y de que forma los materializa, con la sola condición de que no se haga un sentido diferente al que consta en el contrato. Si quién comenta unas imágenes también pasa a ser motivo de pacto mercantil, entonces ya son palabras mayores. Y es que si admitimos como válida esta última consideración, ya nos retrotraemos hasta aquellos años en los que los editores llegaban a subastar sus páginas taurinas. Resulta impensable que tal pueda ser el propósito de los titulares del canal de los toros.

Para completar el cuadro de situación, debemos reconocer que en el mundo taurino el principio ético de la radical separación entre información y publicidad tiene una historia bastante negra, por más que deseamos que no sea un tema que ahora se pudiera dar en este caso de manera directa, aunque para algunos taurinos subyazca en el fondo de su subconsciente.

Pero cuando se ponen en solfa cuestiones fundamentales, como ahora ocurre, de nada valen a modo de excusa estos marcos de referencia; al menos así debía ocurrir. Por eso, cuando se dan caso como el originan este comentario no sólo hay que mirar hacia quienes pretenden imponer sus posiciones; hay que mirar también, e incluso con anterioridad, a la editora del medio que acepta entrar en dicho juego.

Y a este respecto, no puede más que ser llamativo que el primer grupo de comunicación de España acepte con su silencio como normal lo que es una absoluta anormalidad. Dicho de otra forma, no se entiende que un Grupo editorial tan relevante pueda pasar por semejante tubo, por utilizar una terminología muy taurina, cuando además se trata de un profesional en el que desde hace décadas ha confiado hasta tal punto de haberle otorgado la plena responsabilidad de ser su voz pública, tanto en la radio como en la televisión, en materia taurina.

Si volvemos al ejemplo de la política, que es el más emblemático, cuando se dan  casos parecidos pero en el ámbito de los asuntos públicos, falta tiempo para reclamar, y con toda razón, la dimisión del causante de semejante estropicio. Basta media hora en cualquier buscador de internet para localizar múltiples ejemplos de la reiterada doctrina que el Grupo mediático  afectado por el veto tiene sentada en esta materia. Y ante eso, salta la duda: ¿tan sólido cuerpo doctrinal será de aplicación en este otro caso taurino? Porque resulta indudable que alguien con capacidad y poder de decisión tuvo que pactar las condiciones del veto; esa no es una medida que cualquiera aprueba por su cuenta y riesgo.

Sabido era desde hace tiempo en los círculos taurinos que un grupo de toreros, entre ellos Morante y El Juli, venían presionando para que a Manuel Molés se le relevara de sus funciones. Le acusaban de “monopolizar” la información taurina, al dirigir –por decisión de su Empresa, recordemos-- al unísono las dos tribunas hoy por hoy de mayor impacto. Una incongruencia plena que eso lo dijeran quienes, por separado o con uniones temporales --como el actual G-5--, lo que pretenden es encabezar el poder taurino, imponiéndose a los empresarios y relegando a los ganaderos, y todo ello sin el menor atisbo de solidaridad con aquellos compañeros que están fuera de su grupo y, desde luego, dejando muy a lo lejos los intereses del aficionado.

Cada cuál es muy libre para decidir como gestiona sus cosas.  Pero Morante y compañía no son precisamente las personas más autorizadas para tratar de resolver sus problemas imponiendo la ley de silencio.

Y en todo caso, si tantos y tan relevantes agravios decían tener con respecto al comentarista, los hombres que van por derecho resuelven esas cosas pasando por el Juzgado de Guardia, no de esta forma artera. Precisamente es la tesis que siempre defendió el Grupo mediático de referencia: frente a los conflictos de información y de opinión, lo que resulta de aplicación es el Código Penal, el Código Civil y el Código de Comercio, nada de autorregulaciones ni de acuerdos privados. Sus dirigentes lo tienen dicho en numerosísimas intervenciones públicas.

Con buen criterio, las presiones de los meses pasados no sirvieron para nada: las rechazó el Grupo mediático al que se dirigían. Y debimos felicitarnos por ello. No porque eso beneficiara a un determinado profesional, que a la postre hoy estará en un sitio y mañana en otro, siguiendo las leyes de la libre contratación; sino porque ratificaba la independencia de criterio frente a intromisiones ajenas de los responsable del Grupo.

Hasta que llegó la tarde del pasado jueves, cuando se ha renunciado a tales principios en aras de no se sabe que fundadas razones, que si son económicas aún lo empeoran todo mucho más.

Desde luego, entre unos y otros al periodismo como profesión no le han hecho ningún favor; a la Fiesta, tampoco. Y todo por un Morante de más o de menos. Salvo que se parta del principio de que la Tauromaquia es una cuestión de orden menor, algunos se han olvidado que la libertad de opinión va más allá de un lance glorioso, aunque resulte un buen negocio ofrecerlo por la pequeña pantalla. Hay cosas que con las que no se debe jugar. Ni corresponde silenciarlas.