PACO AGUADO
Hace unos años, con motivo de uno de los ya extintos
Congresos Mundiales de Ganaderos, un experto en la materia –cuyo nombre lamento
no recordar– advirtió en una de las ponencias que en España no volvería a
existir un reglamento taurino unificado hasta que cada una de sus diecisiete
autonomías no tuviera el suyo propio.
Y acertó, porque desde que la Ley de potestades
administrativas en materia taurina del 91 abriera la puerta a esta dispersión
normativa, varias comunidades autónomas comenzaron a retocar el siguiente
reglamento que firmó el ministro Corcuera, añadiéndole o quitándole artículos y
matices según su arbitraria conveniencia, con tal de justificar el sueldo de
sus funcionarios.
Es así como, además de los otros muchos destinados a los
festejos populares, en España conviven hasta el momento hasta cinco reglamentos
taurinos distintos al principal, como son los de Navarra (el pionero, en 1992),
País Vasco (1996), Aragón (2004), Andalucía (2006) y Castilla y León (2008),
elaborados por distintas consejerías y en base a los más insospechados e
interesados asesoramientos.
Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades, que
son casi siempre anecdóticas -como que en Aragón se obligue a vestir las
banderillas con los colores de su histórica enseña en todos los festejos- pero
también decisivas: resulta más difícil, por poner un ejemplo, que un torero
salga a hombros en Almería o en Vitoria que en la mismísima plaza de Madrid,
por aquello de que el texto andaluz y el vasco exigen para ello el corte de dos
orejas de un mismo toro.
Pero cuando parecía que ya nos habíamos acostumbrado a esta
creciente ceremonia de la confusión reglamentaria –comparable, pongamos el
caso, a que la regla del fuera de juego se aplicara con distinto criterio en el
Camp Nou que en el estadio Vicente Calderón–, a algunos funcionarios andaluces
se les ha ocurrido ponerse de nuevo a enredar.
Y es que, no contentos con manejar sin gran criterio el
amplio presupuesto que, hay que reconocer, el gobierno de su comunidad destina
a la tauromaquia, quieren ahora "abrir un debate" para eliminar la
que califican de “sangre innecesaria” en las corrida de toros. O, lo que es lo
mismo, que el lobby zoofílico y las corrientes animalistas han acabado por
hacer llegar su monserga buenista a los despachos de la Junta de Andalucía…
Ha bastado que el asunto saliera a la luz en la sección
antitaurina del diario El País para que Anselmi y sus secuaces hayan empezado a
frotarse las manos ante lo que parece un claro síntoma de debilidad de esos
políticos y funcionarios que, más que a redactar chuminadas, deberían dedicarse
a defender la integridad y la esencia de un espectáculo en el que lo único
"innecesario" es su propia intervención.
Claro que nada de esto sería preocupante si el toreo
estuviera regido por un organismo único y fuerte, una especie de federación
que, con potestad normativa y el consenso de todos sus estamentos, no
permitiera ningún tipo de injerencia de políticos abducidos por la extendida y
generalizada estupidez del animalismo.
Sí, son esos mismos políticos y funcionarios que, tan
temerosos de la agresividad zoofílica, han prohibido que los Reyes Magos de las
cabalgatas vayan sin camellos para evitar el posible "estrés" de uno
de los animales más pacientes de nuestra fauna. Y lo malo es que, también en
los toros, estamos totalmente a su merced.
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