PACO AGUADO
Los políticos abolicionistas, como tales políticos, siguen
trampeando para encontrar vías de apariencia legal que les ayuden a conseguir
sus propósitos: demostrada ya constitucionalmente la incompetencia de
ayuntamientos y comunidades autónomas para prohibir motu proprio las corridas
de toros, tratan ahora de asfixiarlas económicamente hasta provocar su lenta
agonía en lugares con cosos de titularidad pública.
Esta nueva estrategia de ataque, salvo en el caso de los del
Partido Popular, está empezando a ser empleada por representantes de todos los
signos políticos, incluidos los "indefinidos" de Ciudadanos. Y
consiste básicamente en las envenenadas fórmulas que rige los inmediatos
concursos de arrendamiento de las plazas de Vitoria y Cáceres.
En la capital vasca, cuyo actual equipo municipal no oculta
su aversión a la fiesta de los toros, el pliego de condiciones exige al futuro
empresario un exiguo canon de apenas 3 mil euros (unos 66 mil 600 pesos) por
una sola temporada y apenas cuatro festejos, lo que en principio parece
asequible. Pero la trampa de chinos está en los 30 mil euros (unos 666 mil
pesos) que, como letra pequeña, se contemplan como gastos de mantenimiento y
arreglos del moderno coso de Iradier, sin olvidar tampoco un aval de otros 60
mil (un millón 332 mil pesos).
Olvidado ya el buen trabajo de la anterior corporación
popular y vistos los paupérrimos resultados de las últimas ferias de la Blanca
de Vitoria, las pretensiones económicas del nuevo ayuntamiento local no dejan
de ser una intencionada barbaridad que pretende, descaradamente, que ninguna
empresa, ni la más osada, se presente al concurso y, por tanto, la plaza se
quede así sin toros en 2017 como paso previo que justifique la desaparición de
las corridas en la capital alavesa.
Algo parecido sucede en Cáceres, la ciudad extremeña donde
no cabe pensar en rechazos nacionalistas a la tauromaquia, como en el País
Vasco, pero sí en complejos y temores de los políticos frente al animalismo
creciente. En este caso, PSOE y Ciudadanos, como no deja de repetir casi en
solitario el blog Banderillas Negras, son los culpables de una absurda
situación que ya ha dejado sin toros a la ciudad este año que finaliza.
Al parecer, en una pirueta de imagen, son esos mismos concejales
los que ahora pretenden sacar a concurso la vetusta y bella plaza cacereña por
un plazo de más de diez años, sin canon de arrendamiento pero tampoco sin
ayudas económicas. Aparentemente, la intención es buena, pero es este último
detalle el que, según el anterior empresario que la regentó, José María Garzón,
hace inviable la celebración de espectáculos de suficiente calidad, dada la
reducción de aforo que sufrió el coso tras su remodelación.
Es decir, que los hipócritas políticos de ambas ciudades no
niegan, de cara al exterior, la posibilidad de la celebración de festejos en
sus plazas, pero interiormente y a conciencia ponen palos en las ruedas para
impedirlo, exigiendo cantidades desorbitadas como canon o negando todo tipo de
ayudas.
En el fondo, es una buena y estúpida forma de no contentar a
nadie, sólo de aplacar a la ruidosa minoría antitaurina para la que trabajan a
largo plazo, pero también de negar a sus ciudades la gran repercusión económica
que tiene la celebración de corridas en distintos sectores, especialmente el de
la hostelería.
La única opción, pues, que se les deja a las posibles
empresas aspirantes es a aumentar considerablemente el precio de las
localidades, una vez que no pueden contar con ingresos ajenos a la taquilla.
Pero, como sucede en la desoladora plaza México, no hay mejor camino para
acabar con la afición de cualquier lugar que hacer de la fiesta de los toros un
espectáculo elitista y sólo al alcance de unos pocos bolsillos.
No cabe así pedirles a los empresarios que acudan a
suicidarse, casi literalmente, a estos trucados y antitaurinos concursos, para
poner de su bolsillo un costosísimo y endeble parche que mantenga abiertas por
un breve plazo de tiempo las plazas que otros quieren condenar al cierre.
Más bien, en vez de alentarles a entrar al trapo de estos
volubles políticos que padecemos, habría que exigir a la patronal un máximo de
unión y un mínimo de coherencia para, aunque se pierda momentáneamente una batalla
en plazas recuperables a medio plazo, hacer valer los intereses del sector y
frenar todas estas pantomimas abolicionistas con un planteamiento serio y
contundente.
Por ejemplo, presentando a los ayuntamientos, diputaciones y
comunidades autónomas datos tan incontestables como los que elaboró con
precisión y rigor el profesor Juan Medina y publicó a primeros de año la propia
asociación empresarial ANOET.
En ese trabajo se fijaba la cantidad exacta, y mínima, que
la tauromaquia recibe en concepto de ayudas públicas, así como la gran
repercusión de los toros en las economías locales y muchos otros aspectos que
demuestran, para interés de políticos verdaderamente responsables, la necesidad
de apoyar y mantener vivo el sector.
Claro que también en el trabajo de Medina y en el libro de
ANOET ya aparecían claras y extensamente desmontadas las mentiras del infame
informe Bosch que animalistas y catalanistas presentaron al Parlamento Europeo
y que ahora manejan todos los antis.
La Fundación del Toro, como iniciativa propia, ha
reproducido ahora ese trabajo de otros casi al milímetro pero en distinto
formato. Y lo más asombroso es que todo lo que contiene les ha parecido una
grandiosa novedad a algunos de los que el texto les llegó hace ya diez meses y
se lo han dejado ir al corral…
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