Polémica declaración que pone en tela de juicio el verdadero Estado de
Derecho
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| Parece ser una moda el antitaurinismo, como se comprueba en la manipulada acción en Palma de Mallorca, por parte de políticos y animalistas, como ocurrió en Barcelona. Foto: EFE |
La creciente marea populista del
partido PODEMOS (versión chavista a la española) aprovecha la ambigüedad
bipolar de los socialistas para acosar a la Tauromaquia desde La Coruña a la
Comunidad Valenciana pasando por Madrid.
Como Barcelona en 2004, Palma de Mallorca se ha
autoproclamado antitaurina. Después vino la abolición en toda Cataluña en 2010.
El circo anti crece por España con el PSOE poniendo los raíles de su ambigüedad
bipolar al frentepopulismo; entonces, al nacionalismo de ERC y CiU. La primera
decisión del nuevo ejecutivo de coalición de PSOE, nacionalistas (Més per
Palma) y populistas (Som Palma, marca de Podemos) en el primer pleno ordinario
del Ayuntamiento de Palma de la presente legislatura fue declarar Palma Ciudad
Antitaurina. Una declaración testimonial porque la plaza de toros de Palma
tiene licencia autonómica para la celebración de la corrida del 6 de agosto, y
es el Govern balear el que tiene las competencias.
La decisión puede tener su trascendencia. Los antitaurinos
ya han anunciado la presentación de una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) en
el Parlament -un calco del proceso catalán- respaldada por 130.000 firmas e
dudosa procedencia para que se proceda a la prohibición total en Baleares. La
declaración abolicionista se aprobó con los votos en contra de las dos
formaciones de la oposición, PP y Ciudadanos. La portavoz popular, Marga Durán,
defendió la tradición de la Tauromaquia y propuso un referéndum -como el
alcalde Petro en Bogotá (Colombia) o en su día el indigenista presidente Correa
en Quito (Ecuador)-; desde C's criticaron que la medida «encubra la idea
nacionalista de borrar de la cultura de Mallorca todo rastro de los símbolos de
España». Las plataformas antitaurinas se manifestaron en el salón de plenos
convirtiendo la sala en una olla a presión. «Hoy es un día histórico para los
animales en la ciudad de Palma», según Guillermo Amengual, portavoz de la
campaña Mallorca Sense Sang.
En La Coruña, la Marea Atlántica se ha salido con la suya al
rescindir el contrato de explotación del Coliseo gallego para celebrar la feria
taurina de María Pita. El alcalde Julio Ferreiro dice que le compensa pagar la
indemnización a la empresa adjudicataria y bajo el manto del animalismo ejecuta
política «hipernacionalsocialistas», según el ex alcalde Francisco Vázquez.
Los podemitas (versión chavista actualmente en España) se
agitan también por Alicante: el Ministerio del Interior ha abierto una
investigación sobre los tuits de la concejala de Juventud, Marisol Moreno, que
expresaba su deseo de bombardear una plaza de toros. Sin embargo, el alcalde
socialista Gabriel Echávarri apareció en la Feria de San Juan como respaldo inequívoco
al toreo.
Socialista también es Toni Gaspar, Consejero de Asuntos
Taurinos de Valencia, quien en la pasada Feria de Julio estrenó su cargo
manifestando su intención de trabajar por la Fiesta, a pesar de las presiones
de sus socios de gobierno (Compromís). Pero se han perdido Gandía y Requena.
La fuerza de los aficionados a los toros ha logrado dar
marcha atrás a las iniciativas antitaurinas en la Comunidad de Madrid tanto en
Pinto -donde la oposición tumbó al alcalde de Ganemos Pinto- y San Sebastián de
los Reyes. Otros pueblos como Alcalá de Henares o Ciempozuelos sienten el
aliento del acoso o la soga de las subvenciones que convierte a los podemitas
en poderosos abusones de ultraizquierda.
Por la bella San Sebastián del Norte vuelven los toros
después de tres años de ausencia con Bildu en retirada. Las conversaciones de
la empresa Chopera con todos los grupos políticos y, evidentemente, con el
gobierno municipal de PNV y PSE durante los meses anteriores al 24-M alumbró la
feliz noticia para la Semana Grande donostiarra: el 13 de agosto la Fiesta
regresa a Illumbe con la presencia del Rey emérito y las cámaras de TVE.
Las situaciones localistas y aldeanas se dan incluso en
Madrid capital, donde la alcaldesa Manuela Carmena y sus ediles patalean contra
los toros y renuncian al palco de Las Ventas que les cedía la Comunidad de
Madrid, donde residen las competencias en materia taurina.
Alguien debería recordar que en última instancia es la
Constitución la que protege, fomenta y confiere legalidad a un producto
cultural, una disciplina artística y una actividad económica como es la corrida
de toros, patrimonio de España. Zabala de la Serna – Diario ELMUNDO de Madrid
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