El momento del Tribunal Constitucional

JOSÉ MIGUEL SORIANO

Abogado de la Fundación Toro de Lidia

Este próximo 8 de octubre se conmemoran seis años de la presentación del recurso de inconstitucionalidad por 50 senadores frente a la decisión del Parlamento de Cataluña de prohibir la celebración de corridas de toros en aquella Comunidad. Según reciente información oficial, nuestro más Alto Tribunal en garantías constitucionales resolverá dicho recurso en los próximos días.

Bueno hubiera sido una pronta resolución, si bien desde aquí se aplaude esta inaplazable decisión del Tribunal Constitucional. Durante el largo periodo de tiempo transcurrido desde el año 2010 hasta ahora, el régimen de libertades de nuestro país en general, y la tauromaquia en particular, están experimentando un acoso y restricción desde algunas instituciones públicas y entes privados del todo inaceptables en un régimen democrático.

Los ataques desaforados y las irregularidades cometidas por autoridades y administraciones contra la tauromaquia, tanto locales como autonómicas, en modo de prohibición de la celebración de corridas de toros o de cualquier espectáculo popular, están socavando un pilar fundamental de nuestra democracia, una vulneración del derecho a la libertad.

En la libertad reposa la construcción de toda democracia, cuyo disfrute exige una vigilancia constante y una defensa decidida y valiente. Desgraciadamente, en momentos como los actuales, florecen corrientes prohibicionistas que utilizan las instituciones sin ningún tipo de cortapisa para coartar la libertad y el derecho a la libre elección, consustancial a todo ciudadano, sea aficionado o no lo sea.

Nadie puede arrogarse la facultad de prohibir algo que es legal, ningún represente público puede disponer de lo que no tiene.

Desde el año 2013, mediante una ley estatal, la tauromaquia en España es considerada Bien de Interés Cultural, gozando de la máxima protección y trasladando a las Administraciones un deber de protección y fomento, como elemento fundamental de nuestra Cultura. Al amparo de esta Ley y de la Constitución Española de 1978, cabe cuestionarse: ¿Hay algún gobierno, municipal o autonómico, legitimado para prohibir la tauromaquia, en cualquiera de sus formas? ¿Tiene refrendo legal la celebración de consultas municipales populares para la prohibición de festejos taurinos? ¿Tienen los aficionados y profesionales -ciudadanos que gozan de libertad- el deber de soportar amenazas, injurias y calumnias a través de las redes sociales?

La respuesta no sólo puede ser un no rotundo, nos asiste la razón, sino que además nos ampara el Derecho. En este escenario emerge la Fundación del Toro de Lidia, proyecto ambicioso y necesario, que tiene como finalidad la promoción y defensa de la tauromaquia y sus valores. Un proyecto firme y valiente que aglutina a todo el sector, profesionales y aficionados.

Un claro ejemplo de la trascendencia de lo que se cuenta en estas líneas fue la situación vivida en las redes sociales con ocasión del fallecimiento del torero Víctor Barrio, que sobrecogió a toda persona de bien por la crueldad, sinrazón y más absoluto desprecio hacia la dignidad de las personas de cientos de mensajes y tuits que fueron enviados por aquellos que se sitúan al margen de las premisas más básicas de toda convivencia humana.

Es amplio el abanico de actuaciones que está desarrollando la Fundación para la defensa jurídica del sector y de todos aquellos que vean violentados sus derechos. Y es que una democracia sólida encuentra fundamento en el mantenimiento de una sociedad de libres e iguales, capaz de contradecir y de confrontar a las instituciones en pro de la legalidad y del interés general.

Es por ello que el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional, máximo guardián de los principios y pilares comunes que los españoles asumimos para vivir en democracia, se antoja decisiva y fundamental. España, sus Instituciones y, principalmente, sus ciudadanos necesitan seguridad jurídica. La resolución del Tribunal Constitucional tiene que constituir una doctrina clara y contundente que construya un muro de legalidad infranqueable para esta antijurídica corriente prohibicionista.

Finalmente, es necesario alertar que el coste personal que están sufriendo miles de profesionales y aficionados, se convertirá en una costosísima factura cuando empresarios y profesionales ejerciten sus derechos vía reclamación económico- administrativa frente a aquellas Administraciones que arbitrariamente están impidiendo la promoción de una corrida de toros, cercenando su derecho a la libertad de empresa y al ejercicio libre de su trabajo, y que paradójicamente tendrán que sufragar aquellos mismos ciudadanos que se ven lastrados en sus derechos.

Por todo ello es indispensable un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que estime el recurso de inconstitucionalidad, arrojando seguridad jurídica y tutelando la libertad, igualdad y legalidad.