"Sólo el Congreso de la República
puede prohibir la Fiesta Brava"
En una decisión inesperada, el Consejo de Estado no permitió
que en los comicios de octubre próximo se realice la consulta taurina.
La iniciativa de la administración del alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro, y diversos grupos de protección de los animales buscaba que así
como los bogotanos podían decidir quién será el próximo alcalde de la ciudad,
también pudieran expresarse a favor o en contra de las corridas de toros.
Si la consulta se realizaba, el resultado era casi obvio, pues
diferentes encuestas han mostrado que la mayoría de los ciudadanos está en
desacuerdo con la fiesta brava. La polémica por la consulta había crecido en
los últimos días pues se conoció que su costo ascendía a 30.000 millones de
pesos.
El alcalde de Petro, sin embargo, había aclarado que ese
monto correspondía a la consulta hecha aparte de una jornada electoral y que si
coincidía con los comicios para la Alcaldía, esta costaría 1.400 millones de
pesos que el gobierno distrital estaba dispuesto a asumir.
Sin embargo, la noche este miércoles el Consejo de Estado
tomó una decisión que cerró la discusión respecto de este espinoso tema. El
alto tribunal determinó que no es viable la realización de la consulta taurina.
La ponencia del magistrado Alberto Yepes determinó que
realizar esta consulta iría en contravía con una sentencia de la Corte
Constitucional que estableció, en el 2010, que las corridas de toros tienen un
carácter cultural. Esa corte protegió estas expresiones siempre y cuando
existiera arraigo social e invitó al legislador a regular el tema. Así, el
Consejo de Estado es claro en afirmar que sólo el congreso podría prohibir la
fiesta brava.
El otro argumento con el que se sustenta la decisión es que
este es un tema que no puede ser definido con la regla de las mayorías. Es
decir que la tauromaquia, considerada por la Corte Constitucional un
espectáculo artístico, no puede ser sometida a la decisión de las masas.
Según la decisión, esta debería ser tomada en todo el país,
no sólo para Bogotá, y debe ser el Congreso el que legisle sobre el asunto.
El alto tribunal recuerda una sociedad pluralista tiene que
permitir que todos los individuos tengan un lugar desde su singularidad. Y que
no les corresponde a los demás tomar decisiones respecto a tradiciones
respetadas por el Estado.
Así, el Consejo de Estado determinó que cuando el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca avaló la consulta, violó esos derechos. Por eso
decidió dejar sin efectos la decisión del tribunal.
Con esto lo más probable es que en más elecciones de octubre
los ciudadanos no encuentren la papeleta que iba a decir así: ¿Está de acuerdo,
sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito
Capital?
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