CARLOS RUIZ
VILLASUSO
Redacción APLAUSOS
En estas situaciones nuevas, nos olvidamos de lo
importante para manejar lo urgente. No creo ser insolidario al afirmar que,
urgidos por las necesidades de no movilidad (aunque depende) y otras medidas
sanitarias, no podemos dejar que ya no nos importe lo importante: las
libertades. No se sabe muy bien porqué, pero España y sus gentes han admitido
normas y métodos de un estado de excepción envuelto en el papel de un estado de
alarma.
La forma de control en las calles, el tono, los
modos, las multas, las normas, son propias de un estado de excepción no
declarado que, sin embargo, parece no importarnos. Lo urgente debe de ser poder
salir a tomar el vermut y no para ver a una abuela o un padre. Lo urgente ha de
ser que “nos dejen” caminar o pasear, pero no trabajar, que es lo importante.
Lo urgente es controlar la información, pero lo importante que olvidamos es que
hay censura.
Toda red social, toda plataforma de propiedad
transnacional que hace negocio también en este país, está censurando cada día
contenidos y mensajes de las gentes de la Tauromaquia. El penúltimo caso,
Youtube y la faena de Chenel al toro blanco. Una obra de arte. En cualquier
caso, un acto de historia de una actividad que en España es Patrimonio Cultural
amparado por la Constitución.
Que este país, su Gobierno y sus instituciones de
un Estado de Derecho no salgan al paso para detener esta atroz censura, es indicativo
de la claudicación de nuestros propios valores y libertades. No se trata de una
cosa del toreo, se trata de una cuestión de derechos fundamentales. Un Estado
que permite que una empresa ponga sus normas propias para censurar un contenido
legal es un Estado que cede la gestión de los derechos a una empresa privada.
Todo ello en función de una queja, protesta o
contra indicación de los que desean prohibir al toreo. Es decir, que la
libertad en España consiste en la norma privada de una empresa privada según la
dicte una mayoría o una tribu más o menos mayoritaria de sus clientes. Hablo de
un derecho Constitucional, puesto en la picota por un interés de venta al
público.
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