Aprobada
definitivamente por el pleno del Congreso
El dato no deja de
ser significativo y relevante: una de las principales quejas de la
oposición nacionalista y de izquierdas
ha sido desde el inicio de su tramitación parlamentaria radica en que esta nueva Ley esconde más protección al
toreo y la posible vuelta a las corridas a Catalunya. En realidad no esconde nada: de hecho, supone de
forma palmariamente clara que cierra el círculo de protección sobre la Tauromaquia como parte
del patrimonio cultural inmaterial de España. El pasado jueves, la Ley resultó definitivamente
aprobada, una vez convalidadas por el pleno del
Congreso las enmiendas introducidas en el texto legal durante su paso
por el Senado. Y frente a esta realidad,
la Generalitat catalana ya anuncia que irá al Constitucional.
Redacción TAUROLOGIA.COM
El Pleno del Congreso de
los Diputados ha dado luz verde definitiva al proyecto de Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, con la aprobación de una quincena de enmiendas procedentes del Senado. La Ley se aprobó con
las críticas de toda la oposición nacionalista y de la izquierda, porque consideran que la nueva
Ley invade competencias y, especialmente, por
aportar una mayor más al mundo del toreo.
El Congreso ha refrendado
las enmiendas procedentes de la Cámara Alta con el apoyo del PP, el voto en contrario de CiU y del PNV han votado
en contra, mientras que PSOE se ha abstenido.
Con el nuevo texto legal se
autoriza al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año, un texto refundido en el que se integren esta norma y
la del Patrimonio Histórico Español, así como las disposiciones en materia de protección del
patrimonio histórico contenidas en normas con rango de ley.
Como se recordará, cuando
se inicio su proceso legislativo, el ministro Wert defendió que con este proyecto legislativo se daba cumplimiento a
la Convención de Salvaguardia del Patrimonio
Inmaterial de la UNESCO, ratificada por España en 2006. Su objetivo,
según señaló, es proteger patrimonio que
carece de una base material pero es "importante" por la diversidad
cultural, citando a las tradiciones,
rituales, actos festivos, saberes y prácticas vinculadas a tradición artesanal.
La cuestión taurina
A lo largo de todo el
trámite parlamentario de la norma, una de las principales críticas –por no
decir que la más relevante-- de los
grupos de la oposición, en especial de CiU, Izquierda Plural y ERC, es que esta iniciativa representa una mayor
protección para la Tauromaquia y
propicia --según los republicanos
catalanes y CiU-- la vuelta a las corridas de toros a Catalunya. En concreto, esta ley reconoce en su disposición final quinta que
la regulación de la tauromaquia como patrimonio
cultural inmaterial ya se recoge en la Ley de 2013 por la que se
reconoce el toreo como tal.
Es por ello por lo que
consideran que, a partir de esta ley, el Gobierno podría revocar
regulaciones autonómicas, como las
relativas a la tauromaquia, por ejemplo. Este proyecto de ley entre otros puntos regula la competencia de la
Administración General del Estado para declarar
´Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial´ y
la habilita para adoptar "medidas
de salvaguarda" de estos bienes culturales.
Las correcciones
Otra de las quejas que se
han vertido desde la oposición es que "es innecesaria" porque el patrimonio cultural inmaterial ya se protege
por ley en la Ley de Patrimonio Histórico. La diputada del PSOE, Susana Ros, ha advertido durante su
intervención que no hacía falta una nueva
normativa sobre la materia, que lo único que consigue es
"fragmentar" la ley de Patrimonio
Histórico de forma "innecesaria e inútil". Hasta ahora la
legislación sobre la materia databa de
1985, en la ley de Patrimonio Histórico, donde se hace una
"referencia muy marginal" sobre el
tema.
Por otro lado, en el curso
del último debate en el Congreso, Julio Lleonart, de UPyD, ha criticado que de las 15 enmiendas del Senado que se han
sido ratificadas sean correcciones de errores
ortográficos, dos sobre errores gramaticales y tres introducciones
inocuas, como cambiar mayúsculas a
minúsculas. "Hay 266 senadores, con un salario medio base anual siendo
de Madrid, y sin pagas extras, de más de
37.000 euros. Es el departamento de corrección ortográfica más caro del mundo", comentó de forma
irónica.
La cuestión competencial
Pero durante su
tramitación, también se ha criticado al Gobierno, y más concretamente al
ministro de Cultura, de querer
"españolizar" con la misma al querer laminar competencias
autonómicas. Este proyecto de ley entre
otros puntos regula la competencia de la Administración General del Estado para declarar ´Manifestaciones
Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial´ y la habilita para adoptar "medidas de
salvaguarda" de estos bienes culturales. Es por ello por lo que consideran que, a partir de esta ley, el
Gobierno podría revocar regulaciones autonómicas, como las relativas a la tauromaquia, por ejemplo.
"Quiero dejar muy
claro que (esta ley) en modo alguno pretende suplir las competencias de
las comunidades autónomas. Esta norma se
dicta desde el más escrupuloso respeto al concepto de las competencias autonómicas
culturales", esgrimió Wert en sede parlamentaria, e indicando que estas disposiciones se basan en sentencias
del Tribunal Constitucional.
Desde CiU, Monsterrat
Surroca ha criticado esa "extralimitación de competencias" y ha
rechazado el texto "con
rotundidad" por vulnerar las competencias que ostenta Cataluña, un aspecto
que esperaba que se corrigiera durante
el trámite parlamentario pero que al final no ha sido así. También ha rechazado que las enmiendas
aprobadas en el Senado sean de carácter técnico, al mismo tiempo que ha destacado que este
proyecto de ley "no es necesario", cuando sí lo es para el mundo de la cultura la rebaja del IVA
cultural, situado en el 21%.
La portavoz de la Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA), Ascensión de las Heras, ha tachado esta ley de "provocación, imposición o
capricho" del Gobierno del PP, entre otros puntos, porque con ella no ha dudado a la hora de invadir competencias y
crear "una soga con la que expropiar a las
comunidades la capacidad constitucional para proteger su propio acervo
cultural". En su opinión, se ha
perdido la oportunidad de crear una ley "básica" sobre patrimonio
cultural inmaterial que permita mejorar
las deficiencias constatadas en los distintos desarrollos legislativos de
las comunidades autónomas.
El portavoz del PNV, Joseba
Agirretxea, ha criticado que las incorporaciones del Senado no hayan hecho más que añadir más argumentos a que
este proyecto de ley siga "con carencias", sea una ley "hipercentralizadora" y con
objetivos del Gobierno que no puede apoyar. "Es innecesario porque los bienes culturales inmateriales ya
están protegidos por las comunidades autónomas", ha sustanciado el diputado vasco, que considera
que la ley tiene "una mentalidad muy política".
Por su parte, Juan de Dios
Ruano, en representación del PP, ha destacado que se trata de una ley que "permitirá a España que el ayer
llegue hasta hoy" y después "hasta el mañana". Además de la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial, que es "de todos" y se ha transmitido generación tras generación y que recoge en su diversidad
"todas las voces y un solo amor, el amor por la cultura española encarnada en los hombres y
mujeres del país". Igualmente, ha destacado que se trata de la primera normativa de patrimonio
cultural inmaterial de España, uno de los países con "más variado y rico patrimonio cultural
que ha seguido ampliándose a lo largo del último siglo".
La Generalitat irá al Constitucional
Nada más aprobada la nueva
ley, el consejero de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha asegurado que presentarán un recurso contra
esta Ley de patrimonio cultural inmaterial ante el Tribunal Constitucional.
Mascarell ha recordado que
el Estatut vigente, y también el de 1979, establece que las competencias culturales en Catalunya son de
la Generalitat: "Si rompemos este principio están acabando definitivamente con lo poco que
queda del pacto del 78".
"No podemos aceptar
este elemento de base: ni cumplen la Constitución vigente, ni el marco estatutario vigente", ha dicho
Mascarell, para el que esta ley deshace las competencias del autogobierno catalán y pretende recuperar
competencias por la vía de las leyes.
El conseller ha lamentado
que el Gobierno "se carga" de este modo leyes pactadas y
aprobadas por referéndum por los
catalanes, con la pretensión de menospreciar las competencias del Parlamento autonómico. A su juicio, la Ley de
patrimonio inmaterial contradice absolutamente las bases del Estatuto y las competencias
culturales catalanas: "Por lo tanto, pondremos un recurso".
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