El Consejo de Ministros bendice el traspaso de las competencias sobre la lidia de Interior a Cultura.
ANTONIO LORCA
Los toros han pasado a depender del Ministerio de Cultura y han dicho adiós al de Interior, al que han pertenecido desde sus orígenes. Así lo decidió ayer el Consejo de Ministros, que dio carta de naturaleza a la promesa que el pasado mes de octubre hizo Alfredo Pérez Rubalcaba a una comisión de toreros.
Considera el Gobierno que "entendida la tauromaquia como una disciplina artística y un producto cultural, las competencias del Estado en orden a su fomento y protección tienen su correcta ubicación en el Ministerio de Cultura". El real decreto aprobado señala que de Cultura dependerá la promoción de esta disciplina artística, los estudios, estadísticas y análisis sobre la materia, el registro de profesionales del sector, y el secretariado de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.
Cumplió su palabra el ahora candidato Rubalcaba, y el sector recibe con satisfacción una noticia largamente añorada. Es importante, cómo no, que la fiesta de los toros, cuya "vigencia cultural" reconoce la Ley Taurina aprobada en 1991, dependa de este ministerio. Se establece, además, una línea de coherencia, pues el propio Gobierno ha concedido la medalla de las Bellas Artes a afamados toreros, a quienes, por otra parte, les negaba su condición de artistas. Bienvenido sea, pues, tal real decreto.
De cualquier modo, no conviene llamarse a engaño. El paso de los toros a Cultura no deja de ser una mera cuestión de estética profesional y política, pues de Interior solo dependían ya un par de cuestiones administrativas. Todas las competencias del sector están transferidas a las comunidades autónomas, algunas de las cuales -tal es el caso de Andalucía y País Vasco- cuentan con su propio reglamento taurino. Y se da la paradoja de que el sector taurino no depende del Departamento de Cultura en ninguna de las 17 comunidades españolas. Y ello ocurre a pesar de que algunas han declarado la fiesta como Bien de Interés Cultural.
Los taurinos esperan, no obstante, que este paso ayude a la promoción de la fiesta y repercuta en el impuesto del IVA. Lo primero no parece fácil, y lo más difícil es una reducción del impuesto. Actualmente, el espectáculo taurino está gravado con el 18% frente al tipo reducido (8%) de las distintas actividades artísticas. El problema radica, sin embargo, en que la decisión no depende de Cultura, que podría proponer la reducción, sino que debe ser aprobada por el Parlamento nacional, pues ello implicaría la revisión de la Ley del Impuesto del Valor Añadido.
Y queda lo más importante: los males de la fiesta de los toros no tienen su origen en ningún ministerio, sino en las entrañas mismas del sector. La degradación del toro, la permanente sospecha de fraude o la obsoleta conformación del negocio taurino, por citar solo tres ejemplos, no encontrarán solución en Cultura. Es responsabilidad de los taurinos que, una vez más, tienen la oportunidad de pasar de la estética a la ética.
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