@jadr45
Después de todo lo que pasó hace apenas ocho meses. Después de todo lo que ha pasado en los últimos seis años. No hay duda que la adjudicación de la plaza de Santamaría para la realización de la temporada 2018 es una buena noticia.
Porque
dice muchas cosas. Que el terrorismo no manda. Que la Constitución sigue
vigente. Que a la Corte Constitucional se le acata. Que se reconoce la
legitimidad y la legalidad (que no son lo mismo) de la tauromaquia. Que se
respetan el libre albedrío y el derecho al trabajo de todos. Que se confía en
la Corporación Taurina de Bogotá, la cual siempre ha reivindicado lo anterior.
Eso
y más ha dicho sin decirlo y sin quererlo esta pugnaz alcaldía (en trance de
revocatoria), al firmar a través de su organismo adscrito, el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte IDRD.
Volverán
los toros a su plaza máxima (que no más grande ya) en el país. Volverán los
aficionados. Volverá la fiesta más culta que llamaba García Lorca. Pero se abre
la pregunta del millón. ¿Volverá también contra ellos la barbarie de la última
vez?
¿El
contrato adjudicatario incluye la garantía por la mayor autoridad de la ciudad
a la integridad, honra, y bienes de los concurrentes y libre desarrollo de las
corridas? ¿Compra eso el exigido 14% del ingreso bruto de la temporada?
¿Habrá
llamados a la tolerancia? ¿O reiterará el señor alcalde sus promesas, de ser el
primero en encabezar protestas antitaurinas y lo que de ellas pueda derivar?
Los
oprobios contra la dignidad y la vida humana, que llegaron al colmo la mañana
del 19 de febrero, a la hora del sorteo, en la esquina de la plaza, calle 27
con carrera quinta, claman justicia, reparación y no repetición.
Cinco
corridas de toros y tres novilladas. Los fieles peregrinaremos nuevamente,
cívicamente, pacíficamente a nuestro rito, esperando que cada quien cumpla con
su deber.
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