OBISPO Y ORO - Las "órdenes de arriba" se vienen abajo

FERNANDO FERNÁNDEZ ROMÁN

@FFernandezRoman

 

La Justicia española, esa que enarbola la bandera en las más altas instancias de la Judicatura del Estado, nos ha dado la razón: los toreros que reclaman el reconocimiento a su condición de “artistas”, como estipula una vigente Ley de 1985, tienen perfecto derecho a percibir las prestaciones extraordinarias por desempleo, que para eso cotizan a la Seguridad Social. En otras palabras: el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) ha incurrido en una flagrante y grosera discriminación con las gentes del toro en situación más apremiante (los subalternos), por el destrozo que la pandemia ha ocasionando en su modus vivendi, al punto de tener que gestionar por cuenta propia su supervivencia cotidiana. Así de tremenda, es la cosa. El desamparo de estas gentes es, sencillamente, intolerable. Han llovido, en aluvión, demandas de banderilleros y picadores, adscritos a su común Asociación --apoyados por la Fundación Toro de Lidia-- contra los Ministerios “del ramo” y las colaterales Delegaciones administrativas que se ocupan de solventar este tipo de situaciones de emergencia laboral y social (Trabajo y Cultura, principalmente); se han producido manifestaciones de desgarrado clamor contra un trato a todas luces injusto; se han escuchado declaraciones parcheadas de hipocresía por parte de los más altos responsables de la Administración Pública e, incluso, se han producido altercados de escasa intensidad, fruto del desespero y la impotencia de los reclamantes. El resultado, siempre el mismo: ni un duro para los toreros. ¿Motivo? Éste, que espetó cierto delegado –o delegada-- provincial del SEPE a un grupo de subalternos que le exigían explicaciones: Son órdenes de “arriba”  ¿De “arriba”? ¿De cuánto “arriba” estamos hablando? Yo se lo diré: de lo más alto; de la azotea en que se apoltronan el presidente y un vicepresidente del gobierno –éste, especialmente--. Ahí “arriba” está el meollo de la cuestión.

 

Más “arriba” aún, en Bruselas, tanto nuestros parlamentarios de la izquierda como sus correligionarios europeos, han intentado quitarle al toro bravo la subvención de la PAC (Política Agraria Común), que sería la muerte irremediable del sector, por arrancamiento del germen esencial de la tauromaquia. No lo van a conseguir –espero—porque lo impedirán las consultas con los Países miembros de la UE, comprometidos como están, todos ellos, en conservar y defender los entornos ecológicos y la biodiversidad de las especies, cuyo hábitat natural es la dehesa.

 

En cualquier caso, los muñidores “oficiales” de estos tejemanejes están en casa. Los tenemos presentes en el Consejo de ministros del gobierno español y, por descontado, en el Congreso y el Senado de la nación. Y no cejarán en su empreño si no se pone pie en pared, con un clamor popular en la calle… o en las urnas.

 

Por fortuna, el impresentable veto a los toreros modestos (subalternos, insisto) para acceder a la percepción de las citadas prestaciones ha sido ya revocado por la Justicia española; bien entendido que es una sentencia susceptible de ser recurrida ante un Tribunal de mayor rango (el Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas), pero confío en que los ministerios “del ramo” no se acojan a este subterfugio legal, que pudiera dilatar aún más el cobro de unas subvenciones esperadas como agua de mayo. Sería el colmo de la desfachatez.

 

La buena noticia es esta: por fin, las “órdenes de arriba” se han echado abajo. Ha tenido que ser la Justicia quien, en cumplimiento de su sagrado deber, contrapese derechos y deberes, culpabilidades e inocencias, montando la espada y apuntando “por arriba”. Un volapié en todo lo alto, vamos.