Ni las corridas de toros representan la quintaesencia de la identidad española, tan sólo son una parte de la misma, ni son una práctica bárbara que habría que desterrar de nuestras sociedades.
Víctima de un prejuicio cultural arteramente utilizado por
algunos políticos, la fiesta de los toros se ha visto inmersa en un debate
público que ha alcanzado niveles de intolerancia inauditos. Hay quienes olvidan
que la práctica de la tauromaquia está amparada y protegida por la Constitución
y tanto los que la practican o toman parte en ella de alguna forma, como los
espectadores que asisten a las plazas tienen derecho a ser tratados con
respeto.
Porque no estamos hablando de una actividad marginal ni en
lo social ni en lo económico. Durante 2015 se celebraron 1.145 festejos en toda
España a los que hay que sumar los 17.000 espectáculos populares, en los que el
toro es el protagonista, que pueden ser considerados como parte de nuestro
patrimonio cultural. Por eso sorprende que la de hoy en Valencia, que coincide
con el arranque de la Fiesta de Fallas, sea una manifestación organizada para
explicitar lo obvio. Que en una sociedad abierta y democrática caben todas las
expresiones artísticas y culturales con la única restricción del respeto a la
ley. Y que no se comprende que haya políticos que, atendiendo a intereses
meramente partidistas, quieran menospreciar una práctica de arraigada tradición
en nuestro país, donde hay más de 2.200 municipios en los que se celebran
corridas y un número de aficionados cercano a los 6 millones, a los que se
quiere privar de la libertad de poder asistir a ellas.
La tauromaquia, por otra parte, está protegida en todo el
territorio español desde que en 2013 fuera declarada Patrimonio Histórico
Cultural, máximo rango que otorga el ordenamiento jurídico nacional para un
bien inmaterial. Desde entonces, ha habido un clamor unánime de toreros,
ganaderos, apoderados, empresarios y miembros de las numerosas peñas taurinas repartidas
por todo el país reclamando una mayor implicación del Estado en la protección y
la defensa de los espectáculos taurinos. Pero es que, además, no se explica que
haya quienes pretendan eliminar un sector que cada año tiene un impacto
económico de 3.500 millones de euros y un volumen de empleo cercano a los
200.000 puestos de trabajo. Se trata, también, de la actividad cultural que más
dinero aporta al conjunto de las Administraciones Públicas, con un total de 56
millones de euros en conceptos de cotizaciones a la seguridad social e IVA. Es
por tanto mayor la riqueza que genera el sector taurino que las ayudas o
subvenciones que recibe.
Una sociedad madura y democrática como es la española ha de
comprender que la tolerancia y el respeto son fundamentales para el
entendimiento y la convivencia. Nadie está legitimado para criminalizar el
espectáculo taurino utilizando como arma arrojadiza argumentos ideológicos
guerracivilistas. Más allá de los discursos que califican de salvaje un
espectáculo que se ha mantenido durante siglos con una amplia aceptación
popular, o que pretenden identificar las corridas con el franquismo, hay que
entender que la tauromaquia es una manifestación artística. Guste o no, forma
parte de nuestro patrimonio y como tal debe ser asumida.
Ni las corridas de
toros representan la quintaesencia de la identidad española, tan sólo son una
parte de la misma, ni son una práctica bárbara que habría que desterrar de
nuestras sociedades. Es necesario poner fin a un enconado debate en el que
nadie sale ganando.
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