Revocada medida que permitía entrada de menores a las corridas en Valencia

La empresa AGROCASTA C.A. no acatara dicha medida por inconstitucional

Nuevamente la semilla de la fiesta brava se le prohíbe el derecho que tienen sus padres de presenciar espectáculos taurinos, tras nuevo arremetida “inconstitucional” de la Defensoría del Pueblo cuyo principal representante nacional es la abogada Gabriela Ramírez. Foto: Golfredo Rojas 

RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ

@rubenvillafraz

Sigue la lucha entre despachos, por la legalidad y libertad de la presencia de los menores de edad con su respectivo representante en los espectáculos taurino. Y es que se ha vuelto una moda o especie de costumbre que en este periodo “democrático” venezolano se tomen medidas unilaterales por parte de quienes supuestamente corresponde aplicar el dictamen del pueblo.

Lo anterior viene a colación tras la medida emanada el pasado 9 del presente mes por el Tribunal Primero de Instancia de Mediación y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual decretó, tras el consenso entre la alcaldía de Valencia y la empresa taurina AGROCASTA C.A. -de dar entrada libre a los menores de edad a las localidades no numeradas de la Plaza de Toros Monumental de Valencia con su respectivo representante- medida cautelar innominada, el cual prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los espectáculos taurinos al ruedo valenciano, ante el argumento “supuesto” de ser una amenaza para la salud, integridad física, psíquica y moral.

Los promotores de esta medida no podían venir de otro ente que un grupo de abogados cuyos nombres corresponden a Larry Devoe Márquez, Jesús Antonio Mendoza, Dolimar Larez, Alejandra Bonalde, Lucelia Castellanos, Javier López, Jazmín Cuevas y Eneida Fernández da Silva, adscritos a la dirección general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, así como Ludyt Ramírez Pineda y Mariela Maldonado Peña, delegado y adjunto de la Defensoría del Pueblo del estado Carabobo, respectivamente. La medida a instancias de estos juristas es ejecuta por la jueza Andreina Marrelli Palencia y su secretaria Pierina Gómez, en respuesta a la demanda emanada por los abogados señalados.

Esta decisión del mencionado tribunal se aplica a las acciones ya adelantadas por la misma Alcaldía de Valencia, la Comisión Taurina adscrita al municipio Valencia en Carabobo y de la Sociedad Mercantil AGROCASTA C.A., basada en los artículos 276, 277 y 466 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante el absurdo y no comprobado argumento de «protección de los intereses difusos y sus derechos colectivos. Esto ante la amenaza que representa para la salud, integridad física, psíquica y moral de ellos a estos espectáculos taurinos».

AGROCASTA S.A. NO ACATARA DICHA MEDIDA POR INCONSTITUCIONAL

Por su parte el Gerente General de la empresa taurina AGROCASTA S.A., el matador de toros Erick Cortés ha dejado en claro que estos argumentos y tretas por parte de funcionarios del Tribunal Primero de Instancia de Mediación y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no es más que una violación flagrante al derecho de libertad de padres y representantes, así como de la propia Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, acogiéndose expresamente al artículo 350 de la misma el cual reza: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarié los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos».

La posición oficial del ente encargado de la organización de los dos festejos taurinos mayores en el marco de la Feria de la Virgen del Socorro 2012 en la capital carabobeña contrasta con la actitud del gremio que agrupa a los matadores de toros y novillos, los subalternos y ganaderos de reses bravas, quien en ningún momento han hecho pronunciamiento alguno a lo que ya se ha convertido en reiterativo punto de inflexión con quienes adversan un espectáculo totalmente legal y amparado por las leyes del país, lo que contradice la actitud de la Defensoría del Pueblo, el cual se ha convertido en “espada de Damocles” en los últimos años para la fiesta brava.

Similares hechos se están sucediendo en la ciudad de Maracaibo, en esta ocasión por la Defensora del Pueblo para el estado Zulia, abogada Lila Urdaneta, quien ha emitido prohibición de ingreso a menores a la Plaza de Toros La Trinitarias, donde de la misma manera se ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral propuesta de referéndum para prohibir las corridas de toros, todo esto apoyado por la Defensoría del Pueblo.