El
mundo taurino y la sociedad sevillana permanecen pendientes de la resolución
definitiva de la delegación del Gobierno que autorizará –o no- el plan de
contingencia presentado por Pagés
ÁLVARO R.
DEL MORAL
@ardelmoral
Diario CORREO
DE ANDALUCÍA
Ramón Valencia, siguiendo el guión marcado hace
justo un mes, presentó a mediodía del pasado miércoles su célebre plan de
contingencia en la delegación del Gobierno andaluz en Sevilla para conseguir
los permisos necesarios para reabrir el coso del Baratillo sorteando el traído
metro y medio de separación de espectador a espectador que consagra el BOE del
pasado Martes Santo y confirma la actual regulación andaluza de espectáculos.
Ya conocen de sobra las cifras y los datos relacionados. El gerente de Pagés
condiciona la apertura de la plaza a poder contar con la mitad de su capacidad.
Son poco más de 5.000 localidades que, evidentemente, quedarían lejos de las
1.300 largas que aforaría el coso maestrante aplicando la separación en vigor.
A partir de ahí, administración y empresa hablan idiomas muy distintos...
Distintas interpretaciones
Pagés se acogería a la difusa e interpretable
coletilla legislativa que reza que “cuando no sea posible mantener dicha
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para
prevenir los riesgos de contagio”. Su propuesta incluye el ofrecimiento de
mascarillas de alta seguridad y hasta una carpa equipada para realizar test de
antígenos a todos los espectadores. Pero hay más. La web oficial de la empresa
Pagés publicaba este mismo lunes que “para la entrada a la plaza en los
festejos del 18 de abril al 2 de mayo habrá que acreditar con el documento
correspondiente en la puerta de acceso estar vacunado o haberse realizado una
PCR o test de antígeno con un máximo de 72 horas antes del festejo”. Son las
guindas de un plan más complejo que debe haber sido estudiado en estos días por
el equipo de Ricardo Sánchez, delegado del gobierno, que marcó el plazo máximo
de una semana para contestar a la empresa Pagés.
Mientras se espera la resolución protocolaria de
la delegación del Gobierno –podría demorarse hasta el miércoles- se han
sucedido distintas declaraciones de distintos miembros del ejecutivo andaluz
preparando un terreno que parece ya sentenciado. Primero fue Marín, luego el
presidente Moreno... hasta llegar a las contundentes declaraciones de Bendodo,
que ha echado el penúltimo jarro de agua fría a este viaje incierto que ya se
ha enredado en su propio bucle melancólico. La sucesión de acontecimientos y
reacciones, además de la creciente atención mediática, ha provocado una
evidente presión sobre el gobierno andaluz que, ésa es la verdad, está
demorando más de lo aconsejable una decisión en la que no faltan chispazos
entre las distintas facciones geográficas de la cúpula andaluza del PP.
Presión e incertidumbre
Pero ésa no es la única presión que están
recibiendo las autoridades gubernativas de la Junta de Andalucía. Mientras se
barrunta la cancelación de los festejos primaverales programados en la
Maestranza con el 50% del aforo se ha autorizado una corrida de campanillas en
Mérida –Manzanares, El Juli y Aguado con toros de Algarra- con ese mismo
porcentaje de taquilla. En Castilla La Mancha han ido más lejos y se ha
ampliado hasta el 75% “conforme a los protocolos”.
Hay más efectos colaterales en medio del
desaguisado. El gremio hostelero está íntimamente vinculado con el fenómeno
taurino. Y de muestra un botón: el taurinísimo hotel Gran Meliá Colón, que
dirige la imprescindible Rosana González, deja aún un resquicio a su apertura
después de un largo año en barbecho. El pasado viernes ya se tenía
prácticamente tomada la decisión de permanecer cerrados hasta septiembre pero la
dirección quiere agarrarse al último clavo ardiendo a pesar de los tremendos
escollos que tendría que sortear para equipar y poner a punto las instalaciones
en menos de una semana. Pues así todo...
Pero hay un acontecimiento reciente que permite
dibujar nítidamente el panorama real: el pasado sábado se suspendió, a pocas
horas de su estreno, la función prevista en el Teatro Central de Sevilla. La
Junta de Andalucía obligaba a mantener la distancia de seguridad entre
espectadores –el famoso metro y medio- haciendo inviable la representación.
Antes de ese punto de inflexión, la grey taurina había venido reclamando –con
razón- igualdad de trato con otros espectáculos. Lo que nadie podía atisbar es
que esa igualdad de trato iba a tener ese sentido inverso. Mientras tanto –eso
dicen- hay un propio de la Junta armado con un metro (y medio) calibrando
localidades y tendidos contribuyendo a convertir este inmenso descalzaperros en
un esperpento. España no hay más que una.
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